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El Gobierno central ha negado las indemnizaciones contempladas en la Ley de Memoria Histórica a los parientes de tres de los cinco fallecidos en la masacre del 3 de marzo. Tras esas tres negativas hay tres familias que claman por una justicia que no llega y por que «dejen de ningunearnos.
NO , no y no. Las víctimas del 3 de marzo están acostumbradas ya a las continuas negativas a su búsqueda de justicia. El último desencuentro con el Gobierno central ha sido a raíz de las indemnizaciones contempladas en la Ley de Memoria Histórica, unas partidas que, en opinión de la Asociación de Víctimas, han llegado tarde y mal. La razón principal es que sus condiciones las asemejan más a una pensión que a un derecho. Más a una forma de salir del paso que a un resarcimiento real. El Estado ya ha negado esa concesión económica a los familiares de tres fallecidos en los Sucesos de Vitoria. 33 años después de la masacre, las víctimas siguen peleando.
Lo acontecido aquel 3 de marzo de 1976 en la iglesia de San Francisco de Asís, cuando la Policía Armada cargó contra unos trabajadores movilizados durante una huelga general causando cinco muertes y más de un centenar de heridos, ha estado muy presente durante el último año en Álava. Las Juntas aprobaron, el 10 de noviembre de 2008, una propuesta del gabinete Agirre para conceder unas indemnizaciones a las víctimas del 3 de marzo. La medida contó con el apoyo de todos los grupos. En realidad, se trataba de que la Diputación adelantara el dinero que recibirían las víctimas cuando el Gobierno central aprobara, de una vez por todas, las partidas contempladas en la Ley de Memoria Histórica. Al final, ambas normativas se han desarrollado de forma paralela y la alavesa se ha acabado convirtiendo en un complemento de las estatales. Contemplan casos que no son reconocidos por Madrid.
Y, para muestra, un botón. Las familias de tres fallecidos en la masacre han recibido esta misma semana la confirmación de que no recibirán las ayudas estatales. El balance, así, es bastante pobre: se han presentado cinco solicitudes por muerte y otra por incapacidad -la de Andoni Txasko, portavoz de la asociación-; se han concedido tres. La negativa, en cualquier caso, era previsible desde el momento en que se conocieron sus exigencias. Como la de demostrar la dependencia económica de los beneficiarios con respecto al fallecido o la de probar la convivencia.
Así se han venido abajo solicitudes como la de José Luis Martínez Ocio. Su hermano, Pedro Mª, falleció en el momento del desalojo de la asamblea de Zaramaga. Era trabajador de Forjas Alavesas y ya había abandonado el domicilio familiar. Ya sea porque la familia no dependía más que parcialmente del sueldo de Pedro Mª o porque ya se había independizado, lo cierto es que el Estado ha negado las indemnizaciones a sus cuatro hermanos. «No son más que pegas. Primero nos excluyeron de la Ley de Solidaridad, ahora no nos reconocen las partidas de la Ley de Memoria Histórica… Parece que hay distintos baremos para medir a las víctimas del terrorismo», afirma José Luis.
La masacre de aquel 3 de marzo también acabó con la vida de Francisco Aznar. Entonces trabajaba como panadero en la Vitoriana. Tenía 17 años y tuvo que dejar sus estudios para ayudar financieramente en casa. Sin embargo, su familia tampoco recibirá la ayuda estatal, puesto que el sueldo principal lo aportaba su padre, Diego. «Cabe deducir que sus ingresos serían limitados y, aun cuando pudieran haber sido aportados al hogar familiar, difícilmente cabría concluir que tal contribución significara que los gastos de la convivencia fueran aportados por el fallecido», reza el documento enviado por el Gobierno central.
«La pérdida de un hijo no se puede pagar con nada. Nunca olvidaré la cara de mi madre. Es como si la hubieran enterrado viva» cuenta Ana Aznar, hermana de Paquito . 33 años después, su padre, Diego, aún recuerda con el puño apretado que los Sucesos de Vitoria no acabaron el 3 de marzo. «Después, cuando nos reuníamos las familias, la Policía siempre estaba detrás. Parece que querían acabar lo que habían empezado».
«A mi hijo lo asesinaron. ¡Lo asesinaron!», puntualiza Romualdo Barroso. Su chico de 17 años, que compartía su nombre, compaginaba su trabajo en talleres Echezarrate con los estudios nocturnos en Diocesanas. La familia tampoco recibirá la indemnización estatal, por lo que en principio será cubierta por las arcas alavesas.
El compromiso, en cualquier caso, es que si en el futuro se solucionan las pegas de la norma en Madrid, ese dinero acabe en la Diputación alavesa. Y, pese a los continuos obstáculos y a la sensación de que «nos están ninguneando», estas familias están empeñadas en seguir reclamando. A pesar de que, más que unas partidas económicas, lo que piden es ayuda para esclarecer los hechos. Porque la impunidad de esos asesinatos sigue agravando la herida.
