3 de marzo

Dicho dictamen: “Memorando de hechos ocurridos en Vitoria-Gasteiz que terminaron con la muerte de cinco trabajadores por disparos de la policía armada” será votado en pleno el 25 de Junio.

Memorando de hechos ocurridos en Vitoria-Gasteiz que terminaron con la muerte de cinco trabajadores por disparos de la policía armada.

Justificación

El 3 de marzo de 1976, el desalojo por la Policía Armada de la Iglesia de San Francisco de Asís, en el barrio vitoriano de Zaramaga, produjo cinco víctimas mortales y varias decenas de heridos de consideración entre los trabajadores que se disponían a celebrar una asamblea y entre los que no pudieron acceder al recinto. Aquellos hechos continúan impunes, nunca han llegado a dirimirse judicialmente y su conocimiento veraz, más allá del que tienen los ciudadanos de Vitoria contemporáneos de los mismos, no puede considerarse adecuado. En diversas instancias y momento, la reclamación de responsabilidades ha sido denegada acudiendo, precisamente, a versiones inciertas o de parte que, sin embargo, son las únicas que hasta hoy se pueden localizar en los archivos judiciales.

El Parlamento Vasco ha atendido en diferentes ocasiones el requerimiento de la “Asociación de víctimas y familiares del 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz” tendente a reconocer la contribución de aquellas víctimas al logro de la democracia en nuestro país, a restituir el conocimiento de la verdad de aquellos hechos y a arbitrar o reclamar las indemnizaciones a que tuvieran derecho. En enero de 2001, el Ministerio del Interior comunicó a la Asociación que se iba a proceder a desestimar la solicitud presentada por ésta para ser acogidos en la ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo. Una de las razones de la denegación se apoyaba en los informes policiales existentes en los archivos sobre el caso, que referían cómo los trabajadores “se armaron con palos, barras de hierro, bolsas de piedras”. En ese contexto, el Parlamento Vasco, con motivo del 25 aniversario de los sucesos, aprobó una moción en la cual, además de mostrar su solidaridad con los afectados, instaba al Gobierno Central y a los órganos judiciales a que, en el ámbito de sus competencias respectivas, contribuyeran a esclarecer los hechos y conocer la responsabilidad última de los mismos. De la misma forma, se constataba que aquellos acontecimientos se dieron al amparo de un poder dictatorial e instaba al Gobierno Central a corregir la injusticia y a que fueran acogidos en la ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo con el reconocimiento y compensaciones que ello conllevaba. Si el Gobierno Central eludía o rechazaba esta petición, el Parlamento instaba al Gobierno Vasco a habilitar un fondo para que, al menos se pudieran compensar de algún modo a las víctimas.
Viendo la importancia que suponía tener un conocimiento real de lo ocurrido en Vitoria-Gasteiz el 3 de marzo de 1976, la Asociación presentó un proyecto para la realización de un estudio riguroso de aquellos sucesos, toda vez que se interpretaba lacerante el hecho de que de los mismos solo quedara constancia o versión oficial en unos términos ajenos por completo a la realidad de lo sucedido. Aceptado y subvencionado el proyecto por la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno Vasco, la Asociación encargó al Instituto Universitario de Historia Social “Valentín de Foronda” (de la Universidad del País Vasco, UPV-EHU) la elaboración de un “Dictamen histórico sobre los acontecimientos del 3 de marzo en Vitoria”. Este Dictamen fue publicado en mayo de 2007 por el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco, como anexo a la monografía sobre la cuestión del historiador Carlos Carnicero Herreros titulada La ciudad donde nunca pasa nada. Vitoria, 3 de marzo de 1976. El 3 de marzo de 2006, coincidiendo con el 30 aniversario de los sucesos, el Parlamento Vasco, a través de su presidenta, dio lectura a una declaración institucional en la cual, en su punto 1º, además de mostrar una vez más su solidaridad con los afectados, reconocía a éstos su condición de “víctimas del terrorismo”, en el 2º, condenaba una vez más los cinco asesinatos y las brutales agresiones cometidas por las Fuerzas de Orden Público hacía treinta años, y en los siguientes, al igual que lo hizo en 2001 se instaba al Gobierno Central a que acogiera en la ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo a los afectados del 3 de marzo. Pocos días después, en comparecencia ante la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento, la Asociación expuso la necesidad de formar una Comisión que se encargara de la investigación y de marcar al menos las responsabilidades políticas derivadas, toda vez que las penales no eran posible dirimirlas por haber sido desestimados todos los intentos realizados en los Tribunales de Justicia. Tras ser presentada esta propuesta, en febrero de 2007, el Parlamento Vasco aprobó una Proposición no de Ley que acordaba crear en su seno una Comisión Especial de estudio que, a partir de ese Dictamen histórico, analizase lo ocurrido y las posibles responsabilidades derivadas de aquellos sucesos. El objeto era elaborar un dictamen o memorando final que, aprobado por el Parlamento, fuera remitido a todas aquellas instancias pertinentes para que lo adjunten a sus cuerpos documentales como versión fehaciente de los hechos probados, de manera que puedan ser contrastados con los hasta ahora únicos existentes en diversos organismos oficiales. A lo largo de varios meses, esta Comisión Especial se ha entrevistado con diferentes personas al objeto de actualizar, clarificar e incrementar en lo posible el conocimiento de aquellos hechos, de manera que el dictamen o memorando sea lo más riguroso y preciso.

Este Parlamento Vasco es consciente de la dimensión del reto que enfrentó con aquel acuerdo. La “verdad histórica” es una construcción intelectual que responde al conocimiento más o menos completo y ajustado de unos hechos, así como a la percepción que de los mismos y de su contexto se tiene. Es consciente de que, como cualquier otro conocimiento histórico, éste es también aproximativo y provisional. Y también lo es de que, en condiciones normales, una instancia política como es la Cámara Vasca no escribe la “verdad histórica”. Pero frente a todo ello, este Parlamento sabe también que a día de hoy, después de más de treinta años, lo que ocurrió y lo que se sabe de aquellos hechos no es lo que figura en instancias oficiales y que eso, además de faltar al principio de verdad y de privar a los ciudadanos del derecho a conocer una versión fehaciente de lo ocurrido, se utiliza para privar de posibles derechos a los reclamantes. Es por ello que, consciente de las limitaciones y complejidades de esta función asumida, pero respaldado y animado por la posibilidad de corregir en parte la injusticia que trata de reparar, este Parlamento, a través de la Comisión Especial creada a tal efecto, encaró el trabajo de proporcionar y aprobar un dictamen de hechos probados, contrastables e incontestables, para que la ciudadanía conozca lo entonces ocurrido en la versión más ajustada a la realidad de la que somos capaces en este momento. En ese sentido y a tal objeto, la Comisión ha convocado a historiadores, a los miembros del Instituto “Valentín de Foronda” que estudiaron y redactaron el Dictamen que ha servido de base a esta nueva indagación, a protagonistas de aquellos hechos, a víctimas de los mismos, a periodistas, jueces, sacerdotes, cargos institucionales de entonces, políticos, etcétera. Conscientes de que la Comisión acometía el estudio de unos hechos que todavía hoy resultan dolorosos, delicados y políticamente complejos, se decidió por unanimidad en la misma que los comparecientes fueran informados previamente de las preguntas que se les iban a realizar y que la contestación, atendiendo a las circunstancias personales y/o particulares de algunos, podía efectuarse tanto presencialmente como por escrito. En ese sentido, la Comisión ha tratado de dar el máximo de facilidades a los comparecientes, al objeto de cumplir los objetivos que se había señalado. Con todo, algunos de los llamados a comparecer no han tenido a bien hacerlo. En algunos casos por razones de salud, de disponibilidad o de fuerza mayor; en otros por un silencio que denota un implícito rechazo a la labor de ésta, por motivos no expresados. En concreto, atendieron a la Comisión las siguientes personas, grupos o entidades: Instituto de Historia Social “Valentín de Foronda” (UPV-EHU); Carlos Carnicero Herreros (historiador); “Asociación de víctimas y familiares del 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz”; Iñigo González Inchaurraga (historiador); José Antonio Abásolo (periodista y testigo de los hechos); Juan Bautista Pardo (decano de los jueces de Vitoria y actuante en los hechos); Félix Placer (sacerdote y testigo de los hechos); Antonio Quilchano (sacerdote y actuante en los hechos). Manuel María Lejarreta Allende, entonces presidente de la Diputación Foral de Álava, declinó la invitación y por escrito remitió algunos documentos a la Comisión así como Gonzalo Vera Fajardo por desconocer la respuesta a lo preguntado. Finalmente, no respondieron al llamamiento de ésta, no habiéndose proporcionado ningún motivo, las siguientes personas reclamadas: Manuel Fraga Iribarne (Ministro de Interior); Rodolfo Martín Villa (Ministro de Relaciones Sindicales); Alfonso Osorio (Ministro de la Presidencia); Jesús Quintana Saracíbar (capitán de la Policía Armada actuante en los hechos); Ángel Ugarte (responsable del SECED en el País Vasco); José Luis López de Briñas (sacerdote de la parroquia de Belén de Vitoria en 1976) y José Antonio Aguirre Pérez de Onraita (juez diocesano). A su vez se solicitó al Archivo del Obispado que se nos remitiese la información que obrase en su poder e hiciera referencia a los hechos estudiados y a la posible autorización para la intervención en la iglesia.

En consecuencia, este Parlamento Vasco aprueba el siguiente Memorando de hechos probados ocurridos el 3 de marzo de 1976 en Vitoria. El mismo se remitirá a cuantas instancias oficiales, públicas o privadas tengan relación directa o indirecta con los sucesos que se relacionan, para que la ciudadanía presente y futura conozca la versión más cercana a la realidad posible, para que aquellas víctimas sean reconocidas en su contribución a la democracia en nuestro país y para que se sepa quiénes eran las personas e instituciones que tuvieron responsabilidades en lo ocurrido.

Memorando

Durante los primeros meses de 1976, la conflictividad socio-laboral se incrementó extraordinariamente en el país. Confluían como razones de la misma la oposición al reciente Decreto de congelación salarial, la pérdida de salario real de los trabajadores a consecuencia de una creciente inflación, los efectos de la crisis económica internacional de 1973, la negociación de muchos nuevos convenios colectivos y el entorno sociopolítico de crisis y de expectativa de cambio creado por la muerte del dictador Francisco Franco, en noviembre de 1975. En diversos lugares de España se produjeron huelgas de sector o generales, prolongadas en el tiempo y con participación de gran número de huelguistas. En Vitoria comenzó un conflicto laboral en la empresa Forjas Alavesas el 9 de enero, y en los días siguientes adoptaron esa misma actitud de huelga la mayoría de las plantillas de otras factorías siderometalúrgicas y de otros sectores (Mevosa, Gabilondo, Aranzábal, Engranajes y Bombas Ugo, Apellániz, Cablenor, Orbegozo Fittings (de Salvatierra), Areitio, Industrias Gálycas, Muebles Apellániz, Muebles Vitoria, Olazábal y Huarte, Lip Alliquant (de Llodio), Astoa, Echezarreta, Agrator, Talleres Velasco, Calderería Gama, Cremalleras del Norte, la 1ª Sección de Telefónica y Seteco), hasta alcanzar el 26 de enero la cifra de unos seis mil trabajadores, que en su mayoría se mantuvieron en esa situación hasta inmediatamente después de los hechos del 3 de marzo. Las demandas y las negociaciones fueron particulares de cada empresa, pero éstas coincidían en reclamaciones de incrementos salariales, de rebaja de jornada, de días de vacaciones, de revisión del convenio y, en algún caso, de retirada de propuestas empresariales de incremento de productividad. Anterior a su presentación a los diferentes empresarios, hubo contactos entre elementos contrarios o disidentes del sindicato oficial para que las plataformas reivindicativas, aunque adaptadas a la situación de cada empresa, tuvieran un cuerpo común.

Desde los primeros momentos, la mayoría de los huelguistas rechazó el cauce de negociación y resolución del conflicto que proporcionaba la estructura del sindicato oficial y único entonces vigente (la Organización Sindical Española), planteando como alternativa a éste las Comisiones Representativas. Ese hecho confirió a la huelga una dimensión política que trascendía la demanda estrictamente laboral. A su vez, la inexistencia de garantías y derechos democráticos en la España del momento hizo que tanto la huelga como las numerosas asambleas y manifestaciones realizadas por los trabajadores, se desarrollaran todas en un marco alegal, dependiendo en cada momento de la tolerancia hacia las mismas de las autoridades competentes. Asimismo, en ausencia o rechazo por los trabajadores de otros medios, éstos utilizaron para sus reuniones locales de la Iglesia católica, ateniéndose al Concordato vigente (de 1953) que garantizaba la inviolabilidad de los recintos eclesiásticos y la imposibilidad de acceso a los mismos por parte de la fuerza pública “salvo en caso de urgente necesidad” o con “el consentimiento de la competente autoridad eclesiástica”.

A lo largo de aquellos dos meses, los trabajadores y trabajadoras de las diferentes factorías celebraron aproximadamente doscientas cincuenta asambleas en recintos eclesiásticos, sin que en las mismas se produjera ningún incidente o alteración del orden reseñable. Asimismo, en la iglesia de San Francisco de Asís del barrio de Zaramaga se celebraron diecisiete asambleas conjuntas, donde participaban obreros de todas las empresas en huelga, así como los solidarios de ésta que no estaban en tal situación, estudiantes y otros ciudadanos.

Hasta el día 2 de febrero, en que se produjeron graves incidentes cuando la Policía Armada impidió una marcha de obreros hacia la sede de la Organización Sindical, no hubo violencias ni enfrentamientos en el marco del conflicto laboral. A partir de ese día comenzaron a reiterarse los problemas y la violencia ejercida por parte de la policía para evitar o limitar las manifestaciones en la calle de los trabajadores y también existieron presiones que en algunas ocasiones llegaron a ser intimidatorias por parte de grupos de trabajadores hacia aquellos que optaban por volver al trabajo. En todo caso, las dos huelgas generales que tuvieron lugar en los días 16 y 23 de febrero no se singularizaron por los desórdenes callejeros ni por la violencia.

La tercera jornada de huelga general convocada para el 3 de marzo tampoco se caracterizó por la violencia. Desde primeras horas de la mañana, ésta se demostró de general seguimiento en la ciudad y la actuación de los piquetes, controlada por las fuerzas policiales, no fue un factor determinante en su desarrollo. En todo caso, la tensión social se había ido acumulando al cabo de más de siete semanas de huelga, con dificultades económicas para los trabajadores y con presencia constante de éstos en las calles. La prolongación del conflicto atrajo hacia éstos la solidaridad de otros colectivos y entidades obreras y sindicales de dentro y de fuera del país, y la presencia en la ciudad de representantes de otras huelgas que tenían lugar en localidades vecinas. Por su parte, las autoridades fueron tomando conciencia de la creciente agudización de ese conflicto y reclamaron más fuerzas policiales y apoyos políticos para atender al mismo.

Sin embargo, hacia el mediodía del día 3 se produjeron graves incidentes. La Policía Armada instó al desalojo de la asamblea obrera reunida en la iglesia de Los Ángeles, entró en la de Las Desamparadas para sacar a unos obreros allí refugiados e intervino contra las columnas de manifestantes que desde los polígonos industriales del norte y del sur confluían hacia el centro de la ciudad. Los incidentes de mayor gravedad se produjeron a partir de las once de la mañana en la Avenida del Generalísimo (actual Avenida de Gasteiz), cuando la policía hizo fuego real contra los trabajadores. El resultado fueron varios heridos de bala, tanto entre los manifestantes en la calle como, en un caso, de una mujer que se encontraba realizando tareas domésticas en un piso en altura de un inmueble cercano. La situación de progresivo incremento de la violencia derivó en constantes cargas policiales y en saltos, lanzamiento de piedras y colocación de todo tipo de barricadas por parte de los obreros. Como consecuencia, la ciudad se encontraba para después del mediodía totalmente colapsada en su tránsito rodado, tanto dentro de la misma como en sus vías exteriores de acceso. Hacia las dos y media de la tarde se recuperó la calma, y obreros y policías se retiraron de las calles.

A las cinco de la tarde estaba convocada la decimoctava asamblea conjunta en la iglesia de San Francisco de Asís. La cita era de público conocimiento desde días atrás. Solo a falta de un cuarto de hora de su comienzo, y cuando el recinto eclesiástico estaba casi lleno de asambleístas, la policía comenzó a intervenir en los alrededores del templo para impedir el acceso al mismo y controlar las salidas. Dentro de la iglesia, la situación era de tensión, después de los disturbios de la mañana, pero en absoluto se había producido ningún incidente ni problema; no era distinta de las reuniones anteriores. Por eso, en la misma había, además de obreros, personas mayores e incluso algunas de corta edad. Se calcula que dentro de la iglesia habría unas cuatro mil personas y otras tantas afuera. Hacia las cinco y diez de la tarde, después de haber establecido un cordón para impedir la llegada a la iglesia de más obreros, la Policía Armada recibió la orden de desalojar –según las conversaciones captadas en su radio frecuencia de comunicación: “… por las buenas; si no, a palo limpio”. El mando policial en ese punto intermedió con un sacerdote para que el párroco de San Francisco de Asís procediera al desalojo por orden gubernativa. El párroco interpretó que la situación dentro del templo no era de necesidad como consecuencia de incidentes o violencias, que en absoluto se estaban produciendo, y que por eso no había argumento para disolver la inmediata reunión y desalojar el recinto. No consta permiso formal ni informal de ninguna autoridad eclesiástica; únicamente hay referencias a una orden de desalojo del gobernador civil que le fue mostrada al intermediario.

Minutos después de las cinco y diez comenzó el asalto al templo por parte de la policía, llevado a cabo mediante lanzamiento de gases dentro del recinto. Ello provocó el pánico y la salida desordenada de los miles de reunidos en el mismo, huyendo de los efectos de las bombas lacrimógenas y de los golpes de los cordones policiales que les esperaban en las puertas y salidas improvisadas. Los otros miles de concentrados en los alrededores del templo arrojaron todo tipo de efectos a su alcance contra la policía, tratando de atraer la atención hacia sí y, de ese modo, propiciar una salida en condiciones de los que estaban dentro de la iglesia. En todo caso, y por los testimonios de testigos, declaraciones oficiales y efectos intervenidos, no se sostiene la versión de que los obreros fueran armados de ningún tipo de recurso previo, y solo se puede acreditar que utilizaron improvisadamente lo existente en las inmediaciones (vg. piedras, cascotes, ladrillos) para actuar con la intención que se ha descrito. A su vez, los mandos policiales declararon después haberse visto “cogidos entre ambas masas opuestas de manifestantes en actitud amenazadora y agresiva”, y haber agotado los medios antidisturbios disponibles.

Lo constatable es que la Policía Armada recurrió finalmente a sus armas reglamentarias contra los obreros –una posibilidad ya advertida por los policías que se encontraban en el desalojo- y que el resultado de ello fue la muerte de cinco trabajadores, de los que estaban tanto dentro –saliendo- como fuera de la iglesia: Pedro María Martínez Ocio, de Forjas Alavesas, 27 años; Francisco Aznar Clemente, panadero y estudiante, 17; Romualdo Barroso Chaparro, de Agrator, 19; José Castillo García, de Basa (Grupo Arregui), 32; y Bienvenido Pereda, de Grupos Diferenciales, 30. También se produjeron cuarenta y siete hospitalizados y otros treinta atendidos en diversos centros sin llegar a ingresar. Se tiene constancia de veintiséis heridos de bala, además de las cinco víctimas mortales. A partir de ese momento, los incidentes se extendieron por buena parte de la ciudad. La policía realizó aproximadamente ciento cincuenta detenciones hasta el final de la jornada y siguieron produciéndose heridos por su actuación. Asimismo, hacia las nueve de la noche resultó herido grave un inspector del Cuerpo Superior de Policía por el lanzamiento de un artefacto incendiario contra la comisaría, situada en el centro urbano, lejos del barrio de Zaramaga. Durante los incidentes de la jornada resultaron veintiocho agentes de la Policía Armada con lesiones y tres hospitalizados.

En los días siguientes siguieron registrándose más heridos a consecuencia de la actuación policial. Igualmente, se detuvo a varios dirigentes del movimiento huelguístico. Jesús Fernández Naves e Imanol Olabarría Bengoa fueron acusados de sedición y puestos a disposición del Tribunal de Orden Público. También fueron encarcelados Emilio Alonso Pérez, Juan José San Sebastián, Iñaki Martín Echezarra y Alberto Martínez de Lahidalga. Otros líderes obreros del conflicto hubieron de ocultarse para evitar su detención. En ningún caso se presentó prueba delictiva concreta alguna contra los encausados; aun menos de sedición contra los dos primeros citados. Asimismo, en solidaridad con lo ocurrido en Vitoria, se desarrollaron huelgas generales y actos de protesta en diversas localidades, tanto vascas como españolas, produciéndose como consecuencia de la actuación de las Fuerzas de Orden Público otras dos víctimas mortales, en las personas de los trabajadores Vicente Antón Ferrero, en Basauri (Bizkaia), y Juan Gabriel Rodrigo, en Tarragona.

El auditor militar consideró en su momento que los hechos producidos por la Policía Armada el día 3 de marzo eran constitutivos de un delito de homicidio, conforme al artículo 407 del Código Penal entonces vigente. La circunstancia de no poder determinarse quiénes fueron los autores concretos de los disparos que ocasionaron las muertes de los cinco obreros dio lugar al sobreseimiento del sumario. En todo caso, la orden de desalojo que se invocó procedería del entonces Gobernador Civil, Rafael Landín Vicuña, y la ejecución de la misma corrió a cargo de Jesús Quintana Saracíbar, mando operativo de la dotación policial presente. Se desconoce si el Gobernador Civil respondió a la autoridad de una instancia superior a él mismo y cuáles eran lo términos precisos y operativos de aquella orden. En ese momento eran ministros actuantes en este conflicto el de Interior, Manuel Fraga Iribarne, el de Relaciones Sindicales, Rodolfo Martín Villa, y el de Presidencia, Alfonso Osorio García, sin que sus responsabilidades concretas en aquellos hechos hayan podido ser clarificadas con mayor detalle al no haber tenido a bien comparecer ante esta Comisión Especial ninguno de ellos. Ocurridos los sucesos del 3 de marzo, el día 6 se trasladaron los dos primeros a la ciudad para hacerse cargo personalmente de la resolución inmediata del conflicto.

Con el conocimiento que a fecha de hoy se tiene de lo acontecido, no es posible determinar la importante cuestión de si existió o no un plan preestablecido para que la policía impidiera precisamente ese día la celebración de la asamblea, y para que lo hiciera con la violencia finalmente empleada. A cambio, lo que sí queda fehacientemente probado es el conjunto de causas generales e inmediatas que dieron lugar a estos sucesos, y que son:

1. El contexto de falta de libertades esenciales que caracterizaba la situación sociopolítica del país;
2. La inadecuada dotación y preparación del operativo policial, y las instrucciones desproporcionadas que incitaban a desdeñar los derechos humanos más elementales;
3. El uso irresponsable y homicida de armas de fuego para responder a un problema de orden público y de origen laboral;
4. Las órdenes procedentes de alguna instancia de la línea de mando, cuyo vértice en ese momento era el Gobierno de España, que tomó las decisiones cuyas consecuencias se han relatado someramente; y
5. La ejecución de esas órdenes por funcionarios del Estado, sin que se hayan determinado responsabilidades personales.
6. De las causas, recogidas en los puntos 2 a 5, que dieron lugar a estos sucesos, dimana la existencia evidente de responsabilidades políticas en las personas que en este memorando aparecen como titulares de los ministerios actuantes en este conflicto.

Estos son únicamente los hechos que este Parlamento puede tomar como fehacientes. Para una versión más extensa, pero igualmente rigurosa, se remite al varias veces citado “Dictamen histórico sobre los acontecimientos del 3 de marzo en Vitoria”.

El presente Memorando de hechos objetivos y probados, aprobado por este Parlamento, se trasladará a las instancias y entidades oportunas para que lo adjunten o den referencia del mismo en todos los sumarios e informes abiertos por aquellos sucesos y en todos los fondos documentales que se refieran a la cuestión.