Por José Arturo Val Del Olmo
La Asociación de víctimas y familiares de víctimas 3 de marzo de 1976 ha valorado positivamente el acuerdo adoptado por las Juntas Generales de Álava, el pasado 2 de agosto, de concederles la Medalla de Alava «como reconocimiento institucional y reparación moral a las víctimas de los sucesos que tuvieron lugar en 1976 en Vitoria-Gasteiz».
Al mismo tiempo, ha reclamado del diputado general, como condición para participar en el acto público de entrega, que se pronuncie a favor del «esclarecimiento, investigación y depuración de responsabilidades» por los hechos cuya reparación se persigue. Una exigencia democrática que adquiere especial significación al dirigirse al responsable de un partido, el PP, que en los últimos treinta años ha rechazado toda iniciativa para recuperar la dignidad y la memoria de las víctimas del franquismo y que ha respaldado los informes policiales de aquella época, totalmente tergiversados y manipulados, mientras se oponía a cualquier tipo de investigación.
Si el diputado general de Álava no está afectado por el síndrome del converso, amnesia que afecta a una parte importante de los franquistas reconvertidos a la democracia, admitirá que fue presidente de las Nuevas Generaciones de Alianza Popular, cuyo presidente era Fraga Iribarne, ministro del dictador Franco. Pues bien, Fraga era, en 1976, ministro de Gobernación, máximo responsable de la policía armada que disparó mas de 2.000 balas sobre una multitud indefensa para disolver una asamblea en una Iglesia. El mismo que ocupa la presidencia de honor del actual Partido Popular y que hace tan sólo una semana declaraba: «el juicio histórico a Franco será positivo…».
La masacre del 3 de marzo fue un abuso y un crimen contra el derecho internacional y las víctimas fueron privadas de verdad, de justicia, de reparación y del derecho a contar con recursos efectivos para hacer valer sus derechos. Negar la verdad y la justicia afecta de modo sustancial al derecho a obtener reparación y sólo afirmando el derecho a saber y el derecho a no olvidar se garantiza la memoria colectiva respecto de los crímenes del pasado, tal y como acaba de establecer el informe de Amnistía Internacional: «Poner fin al silencio y la injusticia».
No parece honesto, por tanto, que el diputado general, que vivió de cerca aquellos hechos, manifieste ahora «sorpresa e indignación» porque se le exija una declaración pública a favor de la verdad y la justicia, con el fin de restituir la dignidad de las víctimas de un régimen que buscó sistemáticamente exterminar a quienes luchaban por una sociedad más libre y más justa. Tampoco que hable de «desprecio a los alaveses» porque ni a él le han elegido todos los alaveses ni la Asociación del 3 de marzo se ha negado a recibir la Medalla de Alava.
Recuperar la memoria del 3 de marzo es una cuestión de justicia que implica reconocimiento social e institucional, y reparación moral y material para las víctimas. Además, acción de los Tribunales de Justicia para investigar los hechos y aplicar la legislación y convenios internacionales. También, promoción del estudio histórico y la divulgación para dar a conocer lo ocurrido y enseñar en las escuelas lo que fue la dictadura, su represión y el retraso social, económico y cultural que impuso al país.
La lucha de la sociedad civil por recuperar una interpretación del pasado que durante años fue excluida y proscrita por la dictadura esta consiguiendo romper el pacto de silencio durante la llamada transición política. Sin embargo, el compromiso del actual Gobierno socialista de elaborar un proyecto de ley de solidaridad con las víctimas se retrasa injustificadamente mientras crece la ofensiva reaccionaria de una derecha que es la heredera apenas maquillada del régimen anterior: manifestaciones del PP contra derechos democráticos básicos para desgastar al gobierno, reacción por la retirada de la estatua de Franco de Madrid, publicaciones sistemáticas tergiversando la historia o aumento de las agresiones fascistas a inmigrantes y militantes de izquierda.
El modelo de olvido pactado en nuestro país es único en el mundo. Nada que ver con lo ocurrido en Alemania, Italia o Portugal. En Argentina se declararon inconstitucionales las leyes de punto final y obediencia debida que protegían a los responsables de violaciones de derechos humanos durante el último régimen militar. Modelos similares se siguieron en El Salvador, Guatemala o Uruguay y por fin se está consiguiendo sentar en el banquillo a un dictador como Pinochet.
Se puede apresar una golondrina pero no se puede retener la primavera. Antes o después los esfuerzos por recuperar la verdad de los hechos del 3 de marzo darán sus frutos y los versos de Neruda adquirirán sentido:
Aunque los pasos toquen mil años este sitio, / no borrarán la sangre de los que aquí cayeron.
Y no se extinguirá la hora en que caísteis / aunque miles de voces crucen este silencio.
La lluvia empapará las piedras de la plaza, / pero no apagará vuestros nombres de fuego.
Mil noches caerán con sus alas oscuras, / sin destruir el día que esperan estos muertos.
El día que esperamos a lo largo del mundo / tantos hombres, el día final del sufrimiento.
Un día de justicia conquistada en la lucha, y / vosotros hermanos caídos en silencio, estaréis / con nosotros en ese vasto día de la lucha final, / en ese día inmenso.
28 de noviembre del 2005 en Diario de Noticias de Álava
