La Asociación de Víctimas del 3 de marzo considera «bochornosa» la posibilidad de que familiares de los fallecidos en esos sucesos no reciban las indemnizaciones estatales. En realidad, las negativas del Gobierno central conllevan que sea la Diputación alavesa, gracias a la normativa aprobada en las Juntas, la que asuma esos pagos. El colectivo de víctimas, no obstante, no está satisfecho con la regulación alavesa y confía en que sea modificada.Las Juntas, en noviembre de 2008, apoyaron por unanimidad una propuesta del gabinete Agirre de adelantar las ayudas estatales contempladas en la Ley de Memoria Histórica. Sin embargo, la demora en la tramitación desde Madrid de estas partidas obligó al Ejecutivo a esperar a dar luz verde a las alavesas. El reglamento de la Norma Foral, de hecho, no se aprobó hasta el pasado mes de mayo. Pese a ese retraso, desde la Asociación de Víctimas del 3 de marzo ya anunciaron que no les importaba esperar «dos o tres meses más» si el texto alavés incluía una serie de modificaciones.
La normativa, finalmente, no se ha convertido tanto en un adelanto económico como en un complemento de las indemnizaciones estatales. Porque el texto alavés no se rige por la Ley de Memoria Histórica, sino por la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo y, por tanto, incluye más casos y partidas mayores: van desde los 36.000 a los 390.000 euros. La estatal, mientras tanto, no supera los 135.000 euros.
Sin embargo, el problema de haberse basado en la Ley de Solidaridad es que también se heredan sus inconvenientes. La Asociación de Víctimas ya criticó que las indemnizaciones invalidantes fueran intransferibles, que no se incluyeran las incapacidades temporales y que se exigiera demostrar cuestiones como la convivencia y la dependencia económica de los beneficiarios con los fallecidos. La Diputación ya ha asegurado que cuestiones como la dependencia económica serán solventadas, pero para culminar esos cambios necesitará apoyos en las Juntas. Los grupos parecían dispuestos a hacerlo -el PSE es clave-, pero por ahora no hay un calendario previsto para las modificaciones.
el descontento El portavoz de la asociación, Andoni Txasko, ya ha iniciado las conversaciones con la Diputación y los partidos para que se comprometan a llevar a cabo esos cambios. Cree que hay cuestiones incongruentes, como esa imposibilidad de trasladar las partidas a los familiares de un fallecido o de valorar el daño causado «por una cicatriz y no por el tiempo de baja».
Desde la asociación cree que hay que pasar de las palabras a los hechos. Y es que sus críticas no sólo se centran en su desamparo ante el Gobierno central, sino que también cargan contra una clase política vasca que, hasta el momento, «nos ha reconocido como víctimas del terrorismo», pero que a la hora de la verdad «no aplica» las consecuencias que tiene esa consideración.
