Agotadas las posibilidades de investigar y esclarecer en el Estado Español los trágicos y sangrientos sucesos ocurridos en Vitoria-Gasteiz el 3 de Marzo de 1976 y por consiguiente depurar las responsabilidades tanto políticas, penales y materiales a las que hubiera lugar, las víctimas y familiares de víctimas de aquellos hechos vamos a ir a los Tribunales Europeos en busca de ese esclarecimiento que tanto el Gobierno Español como los Tribunales de Justicia españoles nos niegan, en definitiva vamos buscando que de una vez por todas y tras 27 largos años se haga JUSTICIA.
Tras cometerse aquella masacre con cinco trabajadores asesinados y más de un centenar de heridos, la mayoría de bala, se abrieron dos sumarios por hechos violentos en la jurisdicción militar, los cuales y después de hacer una total dejación a la hora de investigar y aun reconociendo la existencia de delito, fueron sobreseidos según consta en la resolución, porque los autores de dichos delitos eran desconocidos, estando en la actualidad bien guardados en el archivo del juzgado militar de A Coruña.
Varios de los afectados por aquellos sucesos tras constituirnos en asociación y después de presentar infructuosamente algunas mociones para que se investigaran los hechos a través de instituciones públicas decidimos por una parte acogernos a la ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo y por otra interponer una querella criminal contra los mandos de las fuerzas armadas que protagonizaron la acción, en el ánimo de que según fuera avanzando la investigación saldrían a la luz los máximos responsables de aquella matanza.
Las pocas esperanzas que teníamos a la hora de presentar ambas iniciativas se han visto corroboradas recientemente en fallos tanto de la Audiencia Nacional que no considera acto terrorista aquella acción policial, como del Tribunal Constitucional que ratifica la resolución de la Audiencia Provincial la cual venía a decir que la jurisdicción competente para juzgar aquellos hechos era la militar, y aun siendo competente, los hechos estaban prescritos aplicando el nuevo código de justicia.
Estamos viendo que los Tribunales de Justicia del Estado Español están sometidos a los intereses del Gobierno, y esos intereses se acrecientan más en este caso al ser el responsable de aquella masacre el que es ahora presidente honorario del PP a su vez presidente de Galicia y entonces ministro de gobernación Manuel Fraga Iribarne
Esta Justicia no puede merecernos la más mínima credibilidad cuando vemos que su máximo responsable critica, y de que manera, la subvención otorgada a los familiares de todos los presos vascos para paliar de alguna manera los gastos que suponen las visitas a las diferentes cárceles del territorio español por parte del Departamento de Justicia del Gobierno Vasco y en cambio no se ruboriza lo más mínimo cuando el Gobierno Español concede subvenciones a la Fundación Francisco Franco, una fundación que elogia y difunde los postulados y la doctrina de un dictador fascista.
No confiamos en una Justicia que coarta la libertad de expresión, de manifestación, que cierra periódicos y encarcela periodistas, que ilegaliza partidos e interviene en parlamentos, que no respeta ni sus propias leyes como es la excarcelación de presos al haber cumplido las tres cuartas partes de su condena o por estar aquejados de enfermedades incurables, y en cambio es incapaz de investigar y esclarecer una actuación de verdadero terrorismo de estado como fue la ocurrida el 3 de marzo en Vitoria, en definitiva una Justicia que no hace justicia.
Mientras en otros países como Argentina se derogan leyes injustas como la de Obediencia Debida y la de Punto Final para así poder juzgar a criminales y genocidas, en España se sigue manteniendo aquel pacto que consistió en olvidar el pasado dejando de lado a todas las víctimas ocasionadas por el Dictador tanto en la Guerra Civil como en el tiempo que duró su mandato, para así lograr un consenso a la hora de confeccionar una Constitución a la medida de todos….?. Constitución, que en gran medida pudo llevarse a efecto gracias al sacrificio de mucha gente que incluso dieron sus vidas luchando para lograr las condiciones previas mínimas necesarias de libertad y bienestar social como fueron los obreros muertos en Vitoria el 3 de marzo de 1976.
Por todo ello vamos a los Tribunales Europeos de Derechos Humanos con el único fin de que se investiguen aquellos sucesos y que la historia recoja de forma fehaciente LA VERDAD y no la versión partidista, cínica y mentirosa del Ministerio del Interior.
Siendo esta, creemos, la última oportunidad de conseguir nuestras pretensiones, queremos llevar nuestras reclamaciones ante los tribunales avaladas por el mayor número de apoyos posible, apoyos estos que estamos recabando tanto de instituciones, partidos políticos, sindicatos, colectivos, asociaciones, etc. A todos ellos animamos a que contribuyan con nuestra causa para satisfacer así el ANSIA DE JUSTICIA que tienen los padres y familiares que perdieron a sus seres queridos y que todavía no la han visto resarcida.