Carta abierta a J. Luis Rodríguez Zapatero de la Asociación de Víctimas del 3 de marzo de 1976 de Vitoria-Gasteiz.Tras el alzamiento de Franco contra la república y durante el tiempo que duró su gobierno dictatorial, se cometieron en España y especialmente en Euskal Herria, innumerables tropelías y desmanes encaminados a cortar de raíz cualquier vestigio de libertad, tanto de tipo ideológico, sindical, cultural, de expresión, etc. En definitiva, queriendo someter a las personas y a los pueblos, haciéndoles perder su identidad y vulnerando sus derechos mas elementales. Durante ese largo periodo de tiempo de gobierno del dictador, así como también en la etapa llamada de transición tras la muerte del mismo, fueron muchos los hombres y mujeres que padecieron cárcel, tortura, exilio, etc., e incluso perdieron sus vidas en defensa de sus ideales y en la lucha por recuperar las libertades perdidas. Fue en esa época de la transición cuando en vez de romper totalmente con el pasado, los políticos (algunos de ellos provenientes del régimen anterior) acordaron una Constitución sobre la base de unos pactos vergonzosos. Pactos que manteniendo las mismas estructuras del pasado inmediato, dejaban en el olvido a aquellos y aquellas que habían contribuido con su lucha a lograr un escenario mínimamente democrático. Todo ello en aras de vender al mundo una transición modélica y pacífica, de una dictadura a una ¿democracia? Es en los últimos tiempos, a pesar de la reticencia del Partido Popular, cuando se ha procedido a la condena del régimen franquista, recuperando en cierta medida la memoria histórica. Es el caso de los afectados por el golpe de estado franquista contra un poder republicano legítimamente establecido, que originó la Guerra Civil, a los cuales, se les está reconociendo –aunque no en la medida que debería– de forma pública su sacrificio y entrega, logrando en algunos casos indemnizaciones simbólicas dichos afectados o sus familiares. Pero hay hechos y sucesos a lo largo de ese trágico y nefasto periodo de la historia negra de España que son tabú y bajo ningún concepto quieren algunos que se reconozcan ni se saquen a la luz. Uno de esos hechos, entre otros muchos, que se han querido olvidar y enterrar son los trágicos acontecimientos del 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz. Ni los diferentes gobiernos en las legislaturas de UCD, PSOE, PP, ni las instituciones en España, y por que no decirlo, tampoco en las de ámbito vasco, han sido capaces de investigar para esclarecer y depurar responsabilidades y reconocer a las víctimas de aquellos sucesos. Sólo en los últimos tiempos y a raíz de la aparición de la Asociación de Víctimas del 3 de Marzo, a través de sus reiteradas mociones recabando apoyos en las diferentes instituciones públicas vascas, estamos logrando el reconocimiento y solidaridad de partidos, sindicatos y colectivos. Aunque también hay que decir que ese apoyo y reconocimiento no se ha traducido en algo efectivo, debido a que los que verdaderamente tenían el poder y la capacidad para solucionar el problema hasta ahora, es decir, el PP y sus tribunales de justicia no han querido. Pues como dijo Rajoy siendo ministro de Interior, “no era conveniente ni beneficioso remover hechos sucedidos hace tantos años”. Entendemos que bajo su punto de vista, no era y tampoco será conveniente ni beneficioso remover aquellos hechos, pues el máximo responsable de los mismos fue Fraga Iribarne, fundador y presidente honorario de su partido, gobernando aún en la actualidad en la Xunta de Galicia. El PP se ha quedado sólo en el Congreso de los Diputados ante mociones que pretendían que colectivos de víctimas como las del 3 de marzo y otras de la violencia policial y de los aparatos del Estado, pudieran acogerse a la ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo. Es más, ha recurrido una sentencia de la Audiencia Nacional (caso de Normi Mentxaka) en la cual se reconocía el derecho a la aplicación de dicha ley. Sabemos que el deseo por parte del PSOE era que temas como éste fueran resueltos por la justicia en España. Así lo intentamos nosotros, y hemos agotado todos los recursos para su admisión, viéndonos finalmente obligados a acudir a los tribunales internacionales de derechos humanos para buscar esa VERDAD y JUSTICIA que aquí se nos niega. Mucha gente salió defraudada de la anterior etapa del gobierno socialista, cuando gobernando en mayoría, un partido socialista y obrero no supo cumplir con las expectativas creadas para la resolución de injusticias tan fragantes como la agresión a la clase trabajadora que supuso la masacre del 3 de marzo en Vitoria, dejando a sus autores y responsables de los hechos sin juicio ni castigo, y en la mas completa impunidad. Esperamos que esta nueva etapa de gobierno socialista, unida al talante expresado por su presidente Jose Luis Rodríguez Zapatero de diálogo para solucionar cualquier conflicto, debe servir para corregir antiguos errores e injusticias. Creemos que la ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo tiene que ser aplicada atendiendo al espíritu de reconciliación y reconocimiento hacia todas las víctimas sin distinción, empleando la misma vara de medir en todos los casos, cosa que no ha ocurrido hasta el momento. Pues, mientras por una parte se ha condecorado a torturadores reconocidos, por otra, se ha obviado y negado el reconocimiento a personas que han sido víctimas de una violencia de los aparatos de un estado dictatorial, siendo asesinadas por intentar recuperar las libertades perdidas y por la instauración de unas condiciones dignas de trabajo. Entendemos que es deber de todo gobierno democrático recuperar la verdad de unos hechos tal y como sucedieron, y no como nos los presentan basándose en informes policiales de aquella época, totalmente tergiversados, manipulados y mentirosos, a los cuales el gobierno saliente del PP les ha dado total credibilidad y legitimidad asumiéndolos plenamente. Por tal motivo, tras más de 28 años debe ser este nuevo gobierno socialista quien esclarezca los sucesos acaecidos el 3 de marzo de 1976 en Vitoria, creando los mecanismos de investigación necesarios. Ello, no sólo por una mínima dignidad democrática, sino por saldar la deuda contraída con los trabajadores de una tierra, a la que muchos de los cuales vinieron en busca de unas mejores condiciones de trabajo, bienestar y libertad y que en esa lucha por lograrlas perdieron sus vidas. La sociedad en general y el socialismo en particular tienen una causa pendiente con la clase trabajadora. Hay mucha gente ilusionada y creemos que es un buen momento para reparar las injusticias. No nos defraudéis.
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