A los grupos políticos de las JJGG de Álava

El 3 de marzo de 1976, Vitoria-Gasteiz sufrió la mayor agresión vivida en su historia contra la clase obrera. Cinco trabajadores fueron asesinados y más de cien resultaron heridos, la mayoría de bala, a resultas de los disparos efectuados por la policía armada española.
A raíz de aquellos sucesos, muchas han sido, tanto a nivel individual como colectivas, las actuaciones encaminadas a buscar reconocimiento, verdad y responsabilidades. En definitiva, JUSTICIA para los afectados y sus familiares de manera particular, y para la clase trabajadora en general.
En un primer momento, a resultas de los partes hospitalarios enviados al juzgado por ser las personas atendidas, tanto fallecidos como heridos, a consecuencia de disparos y agresiones, se abrieron diligencias previas.
Después de varios recorridos por diversos juzgados y tribunales, los sumarios abiertos acabaron finalmente en la jurisdicción militar, la cual, aun reconociendo que los hechos considerados, eran en principio constitutivos de delitos por homicidio, dictó auto de sobreseimiento por no haber motivos suficientes para acusar de ellos a personas determinadas.
Posteriores reclamaciones al Estado por responsabilidad civil, efectuadas por algunos afectados, tampoco fueron atendidas.
Con la promulgación de la ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo, realizamos solicitudes para ser considerados y admitidos en dicha ley.
La respuesta fue negativa al no considerar a los peticionarios víctimas del terrorismo ¿Gasear una iglesia llena de gente y ametrallarla cuando salía no es un acto terrorista?
Los correspondientes recursos, incluido el contencioso administrativo a la Audiencia Nacional son rechazados y ratifican la primera resolución.
Por lo tanto se nos cierra la posibilidad de acogernos a la ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo.
Siguiendo con la intención de buscar la verdad y el esclarecimiento de aquella masacre, cuya versión policial de entonces y asumida a día de hoy por el Ministerio del Interior del Gobierno Español, versión, que bajo ningún concepto podemos aceptar, (nos parece manipulada, tergiversada y mentirosa, encaminada a encubrir y amparar a sus responsables, tanto materiales como políticos), presentamos una Querella Criminal en los juzgados de Vitoria-Gasteiz, encaminada a la investigación de aquellos sucesos..
Dicha querella no fue admitida a trámite. Las razones aducidas fueron que aplicando el nuevo código de justicia, los hechos habían prescrito, y que en todo caso la jurisdicción competente para juzgarlos sería la militar.
El recurso de amparo al Tribunal Constitucional ratificó el fallo de la Audiencia de Vitoria, dejando cerradas las vías jurídicas de investigación en el Estado Español.
Agotados los caminos en la Justicia Española decidimos recurrir al Comité Internacional de Derechos Humanos de la ONU con sede en Ginebra.
Recientemente hemos tenido noticias de la admisión a trámite de nuestra causa por parte de ese Comité, estando a la espera de comparecer ante ellos para exponer nuestra problemática.
A este recurso hemos añadido un dictamen histórico que a petición nuestra ha sido elaborado por el Instituto de Historia Social Valentín de Foronda, dependiente de la Universidad del País Vasco, y ha sido subvencionado por el Departamento de Justicia del Gobierno Vasco a través de su Dirección de Derechos Humanos.
Este dictamen lo consideramos como una versión objetiva y ajustada a la realidad, que marca responsabilidades penales claras, y las enmarca en funcionarios del Reino de España, sin poder determinar personas concretas.
Entendemos que deben ser los Tribunales de Justicia los que determinen en que personas recaen esas responsabilidades, y es por ello nuestro empeño en que los hechos sean juzgados, no viendo hasta el momento, logrados nuestros fines.
Asimismo hemos adjuntado los apoyos a nuestras demandas recogidos de la totalidad de sindicatos, partidos políticos (a excepción del PP y de UA), de colectivos sociales diversos, y de instituciones como Parlamento Vasco, Ayuntamiento de Vitoria, así como de estas Juntas Generales de Álava.
En este sentido, quisiéramos saber del desarrollo de la moción aprobada en estas Juntas el 13 de octubre del 2003, en la cual se adoptaron unos compromisos que a día de hoy no han sido cumplidos.
Una acción criminal y terrorista, protagonizada por las fuerzas armadas de un Estado dictatorial no puede quedar impune en una sociedad que se precie mínimamente de democrática. Recuperar la memoria histórica de unos hechos sangrientos, cometidos con premeditación y alevosía, en una época negra y nefasta, es deber de todo gobierno demócrata y progresista.
Hay partidos como el PP, que dicen que lo ocurrido en Vitoria el 3 de marzo de 1976 fue un episodio triste de nuestra historia, y que no es conveniente ni beneficio remover, llegando a afirmar el máximo responsable de aquellos sucesos, entonces Ministro de Gobernación, en la actualidad al mando de la Xunta de Galicia, y a su vez presidente de honor del partido, Fraga Iribarne, que la actuación de la policía en Vitoria, no fue una acción excesiva. Demostrando con ello un total desprecio e insulto hacia los afectados y sus familiares.
Otros como el PSOE nos dicen que son hechos amnistiados en los que no se puede entrar a investigar. Eso si, quieren reconocer a los que cayeron en la lucha por recuperar las libertades perdidas y lograr unas condiciones dignas de trabajo.
Admitimos que se aplique la amnistía, pero después de marcar a los responsables. A los únicos que sepamos que se aplicó esa amnistía, es a los obreros encarcelados acusados de sedición. Y aplicando la misma lógica, seríamos los trabajadores los amnistiados, al figurar en la versión policial como los agresores, es decir, como culpables.
Es una contradicción, que por una parte se quiera rendir tributo a personas que lucharon, incluso hasta la muerte por conseguir la democracia, y por otra, mantener en total vigencia, versiones y sumarios realizados bajo una cruel dictadura, que servían para amparar los horribles crímenes que se cometían.
El mejor homenaje y reconocimiento que puede hacerse a los afectados de la brutal agresión del 3 de marzo, es la investigación y la búsqueda de la verdad. Ironías de la vida, lo que pide el PP para las víctimas del 11-M
Entendemos que es una cuestión de voluntad política la consecución de nuestros objetivos. Y son los partidos políticos los que tienen que demostrar esa voluntad, ya que a nivel jurídico los cauces están cerrados.
Nuestra comparecencia en esta comisión pretende, además de hacerles entrega del dictamen histórico elaborado por el Instituto Valentín de Foronda, e informar del recurso en el Comité de Derechos Humanos de la ONU, además de recabar información del desarrollo de la moción aprobada en su día, pedirles su implicación en que hechos como los del 3 de marzo no queden impunes, y que la historia recoja de forma veraz y rigurosa lo que verdaderamente aconteció aquel fatídico miércoles de ceniza en Vitoria-Gasteiz.